Hasta ahora, las personas con discapacidad tenían vetado el acceso o la continuidad -cuando la discapacidad era sobrevenida- como profesionales de la seguridad privada, por no reunir las condiciones psicofísicas exigidas para esta actividad.

 

A propuesta del CERMI, en 2014, la Ley de Seguridad Privada aprobada ese año levantaba esa restricción histórica, abriendo estas profesiones a las personas con discapacidad, para lo cual era preciso proceder al correspondiente desarrollo reglamentario, que establecerá el detalle de la regulación.

 

Así, en el texto de la norma de desarrollo que tramita Interior, se afirma que otra de las novedades dignas de mención (...) viene constituida por la incorporación de las personas con discapacidad al ámbito profesional de la seguridad privada, del que hasta ahora estaban totalmente excluidas.

 

La admisibilidad reglamentaria de tal incorporación profesional -enfatiza el proyecto- además de obedecer a los mandatos de la legislación sectorial sobre discapacidad, se realiza de forma ordinaria, de conformidad con los principios establecidos al respecto y sin agregar traba o carga administrativa alguna, habiéndose tenido en cuenta el beneficio y mejora que ello va a suponer en la prestación de determinados servicios de seguridad privada.

 

El CERMI espera una pronta aprobación de este Reglamento para acabar con una exclusión contraria a los derechos de las personas con discapacidad, y que ensanchará las oportunidades laborales de este sector de población superando una restricción histórica no justificada.